La presidenta de la República, Dina Boluarte, se mostró abierta a discutir el restablecimiento de la pena de muerte en el país, tema que se ha vuelto de actualidad debido al aumento de la violencia y los delitos graves. Sin embargo, la propuesta enfrenta desafíos legales y diplomáticos porque su implementación significaría que Perú se retiraría del Pacto de San José, un tratado internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte en casos distintos de la guerra.
Si bien Boluarte expresó su apoyo a un debate a nivel estatal, evitó detallar los pasos específicos necesarios para avanzar con la medida. Según el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, la responsabilidad de iniciar los procedimientos para ajustar las obligaciones internacionales del país recae exclusivamente en el Presidente de la República.
Antecedentes y posiciones anteriores
Este tema no es nuevo en el escenario político peruano. En su momento, Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión Constitucional y Normativa, solicitó un análisis jurídico de un proyecto de ley que proponía el retiro del Perú del Pacto de San José. Sin embargo, el 4 de agosto de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió su dictamen, el cual aclaró los trámites legales que implicaría tal decisión.
El Embajador Roberto Rafael Max Rodríguez Arnillas, Director General de Asuntos Multilaterales y Globales, explicó que cualquier terminación de un tratado internacional debe pasar por un proceso riguroso que incluya análisis político y jurídico. Según la Constitución peruana y la Convención de Viena sobre Derecho de Contratos, el Presidente de la República tiene la facultad de rescindir el contrato, pero esta decisión requiere el consentimiento de todas las entidades relevantes relacionadas con el contrato.
Retos de una decisión controvertida
Una posible salida del Pacto de San José tendría consecuencias no sólo jurídicas, sino también políticas y diplomáticas. La comunidad internacional podría interpretar esta medida como un retroceso en el compromiso del Perú con los derechos humanos. Además, el debate sobre la pena de muerte en el país está creando posiciones divididas entre quienes buscan una solución más drástica al encarcelamiento y quienes creen que la medida no aborda las causas estructurales del crimen.
De momento, la declaración de Boluarte ha reavivado el interés por un tema que está causando polémica tanto a nivel nacional como internacional. La decisión de seguir adelante o no con esta propuesta dependerá de un análisis exhaustivo de las implicaciones legales, sociales y políticas que conlleva.
