El gobierno peruano anunció recientemente la liberación de Harvey Colchado, coronel de la Policía Nacional y hasta entonces jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). Esta unidad de élite, encargada de investigar casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto rango, ha sido disuelta después de casi dos años de funcionamiento. Junto a él, fue destituido de su cargo Walter Lozano, uno de sus más estrechos colaboradores. La medida ha generado controversia y cuestionamientos de varios sectores que la ven como una represalia por investigaciones delicadas que preocupan al establishment político.
Aclamado por su participación en importantes operaciones durante su carrera, Colchado enfrentó un período de crecientes problemas después de liderar una redada en la residencia del presidente Dino Boluarte en marzo pasado. La operación, que formaba parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes, implicó la búsqueda de un reloj de lujo no registrado en el patrimonio del presidente. Aunque Boluarte no se encontraba en la casa durante el allanamiento, el procedimiento fue objeto de controversia por su ejecución y las implicaciones políticas que trajo consigo.
La investigación se centró no sólo en la presidenta, sino también en su hermano Nicanor Boluarte, acusado de organizar redes de influencia para contratar funcionarios con fines políticos. Según la fiscalía, algunos de estos funcionarios también tenían la tarea de recoger firmas para la creación de un nuevo partido político. Estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de denuncias por tráfico de influencias y asociación delictuosa.
La destitución de Colchado fue justificada por el órgano ejecutivo con el argumento de renovación institucional en la policía nacional, señalando que no se le podía asignar un cargo acorde a su perfil y antigüedad. Pero los críticos creen que la decisión refleja una represalia por su participación en casos que expusieron supuestas irregularidades en altos niveles de poder.
En una declaración pública, Colchado expresó que él y su equipo están conscientes de las posibles consecuencias de sus acciones, pero enfatizó su compromiso con los principios de justicia y su negativa a ceder a las presiones políticas. «Sabíamos que esta pelea traería venganza. «Que quede claro que hay policías que no se venderán ni se arrodillarán ante intereses ilegales», afirmó.
Su trayectoria en la Policía Nacional está marcada por hitos emblemáticos como su participación en la operación Chavín de Huántar en 1997, que rescató rehenes en poder del grupo subversivo MRTA, y la captura de Florindo Flores, alias Artemia, líder de los remanentes de Camino de la Luz. . Además, Colchado sirvió en las direcciones de contraterrorismo y antinarcóticos luego de graduarse como oficial en 1997.
El caso de Colchado también atrajo la atención internacional luego de que solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas preventivas para proteger a los policías acosados por el ejecutivo. En su solicitud, citó amenazas de despido derivadas de su participación en investigaciones contra altos funcionarios, incluida una redada en la residencia presidencial.
La destitución del alto funcionario en medio de tensiones entre las instituciones plantea dudas sobre la independencia de la investigación y el compromiso del gobierno peruano en la lucha contra la corrupción. Esta situación ha provocado un debate nacional sobre el equilibrio entre las decisiones ejecutivas y la integridad de las instituciones responsables de combatir los delitos graves.
