El viernes fue otro día lleno de complicaciones para María Caraballo. Como cada mañana, subió desde su casa ubicada en el municipio de Guamal, en el departamento del Magdalena, cruzó el puente ‘Héroes del Botón de Leyva’, pasó por encima del nombre ‘gran río de la patria’, y subió a trabajo en la vecina población de Mompox, en Bolívar.

Pero no puedo tomar tiempo. «Me vi afectado porque a la altura de un caserío llamado Guataca está ubicado el paro que le impide el paso a qualalquier tipo de vehículo», explica. “Entonces tengo que buscar dónde dejar mi moto, caminar al otro lado de la barricada y buscar un mototaxista que me cobra 5.000 pesos por trayecto”, agrega.

Los efectos de la protesta, que en este caso particular frenó la necesidad del servicio de gas domiciliario, paralizó el turismo y el abastecimiento de vidas en la zona durante toda la semana. “La fila de camiones a la espera es mucho más ancha cuando voy o vuelvo”, dice María.

Este ejemplo está lejos de ser el único. Tras un informe de Colfecar, al cierre de los primeros días de febrero la cantidad de puntos de la geografía nacional con movilidad interrumpida en las principales vías ascendentes asciende a 42, distribuidos en 14 departamentos.

A esta estadística se suma el dinero, cuando la cifra era de 81 bloqueos en un ramal departamental, desde La Guajira hasta Nariño y Putumayo. De acuerdo con el gremio de los transportadores de carga, en las primeras cinco semanas de 2023 perdieron 1.906 horas, lo que tuvo un alto precio para cientos de kilómetros de personas, incluso de pérdidas puntuales para la economía.

Las causas de los cortes son variadas, aunque suelen estar relacionadas con algún lugar que proviene de una instalación educativa aquí o la necesidad de un negocio de última generación. El mal estado del suelo, la mala alimentación escolar o los incumplimientos de promesas llevan llevan a que la gente se organica y acuda a las vías de hecho.

Pero la movilización popular no es la única razón. La base de datos del conflicto armado en Colombia a expensas del Cerac muestra un aumento importante en las interrupciones del tránsito por parte de grupos violentos. Según el centro de estudios, en 2022 registraron 25 acciones, seis veces más que el año anterior, lo que constituyó el mayor guarismo desde 2014, cuando no se firmó la paz con las Farc.

Previamente supone un importante deterioro en el clima de seguridad en un buen número de núcleos urbanos. Los informes que maneja la Fundación Ideas para la Paz muestran que las incursiones de organizaciones armadas en distintas poblaciones alcanzaron la misma cantidad de organizaciones en los 18 meses anteriores entre agosto y el año pasado.

la voz de la calle

Por ello, los analistas especializados sostienen que hay una notable desmejora en las bajas condiciones que operan en el territorio colombiano. Y este retroceso afecta a todos por igual: desde la multinacional que explota los recursos naturales hasta el distribuidor de alimentos, el pequeño comerciante, los campesinos o la población en general.

En el circuito corto, las circunstancias más duras dan como resultado que la cantidad de ingresos que afectan la riqueza de las regiones ingresen y se traduzcan en la creación de empleo. No menos perturbador es el efecto más duradero, consistente en reversiones que no se materializan, caída del valor de la tierra y presión migratoria sobre las ciudades más grandes.

Nada de lo relatado es nuevo en el país. Desde este punto de vista, los fenómenos de violencia se han presentado en innumerables sitios, con diversos grados de intensidad. Lo preocupante es el aumento de la intensidad de estos fenómenos.

La opción de pedir llantas o colocar objetos que dificulten el tránsito era una de las formas preferidas para expresar el descontento popular, pero sobre todo para llamar la atención de las autoridades. Más que mover al alcalde o al gobernador de turno, interrumpir el movimiento obliga al gobierno central a estar presente con remedios presupuestales.

Gracias a él, esta es una forma mucho más rápida de obtener resultados. Y si la Fuerza Pública no prefiere intervenir o si te ves desbordado por la multitud, la única solución posible es conciliar para que todo vuelva a la normalidad hasta nuevo aviso. Sin duda, las comunidades más exitosas en implementar la estrategia descrita son las del Cauca, quienes han ganado terreno y fondos oficiales en las últimas tres décadas.

En cualquier caso, ahora el número de manifestantes es secundario. Así, lo que era un desafío ocasional se volvió endémico y llega al extremo como el viernes, cuando una persona pasó cuatro horas al paso de camiones en la bandeja que conduce al puerto de Agua Dulce en Buenaventura.

Para quienes trabajan en zonas donde hay minas o hidrocarburos, el dolor de cabeza es constante. Datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas -que incluyen tanto los secundarios como los terciarios- muestran que hubo 1.056 episodios de conflictividad social en 2022, cuatro veces en el registro de 2016 y 36 por ciento más que el año anterior.

Por ejemplo, en la alcaldía de Monterrey, en Casanare, hay manifestantes impidiendo el acceso a la estación El Porvenir desde el 3 de febrero. El grupo es pequeño, pero igualmente evita la carga de los equipos necesarios para la operación y el mantenimiento, que afecta a la rosquilla cruda.

Claramente, el tema va mucho más a lo anecdótico. A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, y sobre todo en varios paros nacionales traumáticos, lo que llama la atención hoy es la cantidad de luces de emergencia que se encienden al mismo tiempo.

Tener a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, quien no sólo considera legítimo, sino positivo que la calle hable, explica al menos parcialmente el incremento estadístico de los trastornos. Anteriormente, las señales tácitas y explícitas se suman a que la Policía no dispeje les vías, en un gobierno que se ha mostrado ambivalente sobre la función de la Fuerza Pública en varias ocasiones y que dice favorecer el diálogo.

reacción retardada

Conversar saca muchas ventajas, obviamente si se hace rápido y desemboca en resultados. Desafortunadamente, el Ministerio del Interior no parece interesado en reaccionar rápido y mucho menos en establecer un sistema de alerta de tiempo. Al plantar el tema, varios funcionarios informalmente dicen que una comparecencia institucional solo se da hasta 72 horas antes del informe.

Las respuestas tardías causan pérdidas considerables. Como señaló Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, “los viajes que normalmente se realizan par de días toman ahora hasta dos semanas”. Además del beneficio cesante, sufre los índices de vandalismo y saqueo por parte de hordas que asaltan tramos en pocos minutos, como se puede apreciar en los videos que circulan en las redes.

Cuando las autoridades se demoren en actuar, la factura sube. En un escrito enviado por el presidente de la Fenavi, Gonzalo Moreno, al viceministro de Transportes, Carlos Eduardo Enríquez, muestra la magnitud del problema.

Según el comunicado, el sector avícola produce anualmente 1,7 millones de toneladas de carne de pollo y 17.000 millones de huevos, necesitando 7,5 millones de toneladas de concentrado. Entre uno y otro es necesario mover un millón de toneladas de producto por mes involucrando uno 100.000 camiones.

Como usualmente la materia prima viene de Barranquilla y Cartagena, aquí cualquier cosa en un eslabón de la cadena se traduce en ventas perdidas, despachos incumplidos o actuaciones menores. Sólo en el que se adhiere a las fletes, el cálculo del gremio tiene un incremento de entre el 15 y el 20 por ciento.

Algo similar pasa con el sector de boletus. De acuerdo con la Asociación PorkColombia, el impacto económico de paros y cierres de carreteras como el de la calle Panamericana a la altura del municipio caucano de Rosas, asciende a más de 50.000 millones de pesos en el último trimestre.

El saldo en rojo también frenó los bloqueos en Puerto Gaitán que impedían la producción de unos 50.000 barriles diarios de petróleo. Esto requerirá menos exportaciones, impuestos a los insumos y obsequios.

Así que si generará una pista creciente que terminará siendo asumida para los colombianos. En algunos casos, el efecto será el de precios más altos, sólo cuando la inflación se mantenga hasta en un 13 por ciento anual. En otros, los costos desaparecerán, mientras que la gente de la comunidad –como María Barrera– tenderá a meter la mano en la bolsa.

La otra emergencia

Como si el informe no fuera suficiente para preocuparte, quieres deteriorar el clima de seguridad. La semana pasada, durante una reunión de gobernadores con el Presidente y varios ministros, el diputado del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lanzó un lama desesperado sobre lo que pasa en la zona sur del departamento: “Se siente como si la estuviéramos perdiendo”.

La denuncia se concentró en la disidencia de las FARC. Un dirigente de la zona prosiguió no solo que tiene la obligación de pagar la carne, hasta que las tiene que pagar todas: 5.000 pesos por hectárea o 20.000 pesos por cada cabeza de ganado. “La vacuna le toca hasta al que vende tinto”, agregó el directivo, quien insistió en el anonimato.

Nada te hace pensar que las cosas van a mejorar. Otros grupos como la ‘Segunda Marquetalia’ o ‘los Gaitanistas’ empiezan a asomar en la región, junto a voces que hablan de que más de un finquero piensa defenderse.

A todo esto, el Ejército está atrapado entre órdenes y contra órdenes. Si bien en un acto en Yarumal el propio Gustavo Petro suvovo que «grupo que esté traqueteando debe serseguido», abundan las grises.

“Muchos oficiales tienen claro que pueden lograr su carrera si actúan, por lo que el alcalde se preocupa con la instrucción de proceder solo si necesitan defenderse”, dice un experto en el tema. “Les veo la querida de frustración, de impotencia, a los generales ya los coroneles cuya moral está por los suelos”, se suma la vecina del sur del Meta que asiste a las juntas de seguridad.

Para sus defensores, estos sacrificios valen la pena a la hora de sacar adelante la propuesta de paz total. No es un problema menor que 22 grupos hayan manifestado su intención de sumarse a la iniciativa y que los enfrentamientos con la Fuerza Pública se hayan reducido sustancialmente.

Sin embargo, los choques entre los distintos grupos van en aumento, por lo que la replicación de uno es la oportunidad para que el otro ocupe más espacio. Además, delitos más silenciosos como la extorsión -ya que también están involucradas bandas criminales- asfixian a las poblaciones.

Sin embargo, no será falso quien diga lo contrario, no se puede utilizar la conocida expresión de ‘hechos aislados’. La Costa Caribe, Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander forman parte de las regiones o departamentos en los que la retrocesión es indiscutible.

Ante esta realidad, la intención de abandonar el turismo o dar un impulso a la agricultura como los grandes motores del crecimiento futuro parece una utopía. Metas como la transición energética tienen fuentes de energía más limpias que son fáciles de implementar en un territorio donde es difícil moverse, hay que pagar las vacantes y los delincuentes pueden aparecer en cualquier momento.

Todo lo anterior es una campana de alerta que merece ser tomada en serio por el Gobierno. Más allá del mandato constitucional de defender la vida, el honor y el bien de las ciudades cercanas al interior del país, aparece la probabilidad de entrar en una espiral de violencia que podría contenerse si existen órdenes precisas y líneas claras que permitan el control del territorio.

María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, no oculta su inquietud. “Es preocupante cómo hemos venido perdiendo terreno; no sospechamos que aprobemos la oportunidad de la desmovilización de las FARC”, sostiene.

Para el experto, “la aproximación exclusivamente militar del gobierno anterior fue insuficiente y hasta contraproducente”. Y concluye: “Ahora, el pedido de paz del gobierno a Petro y negociaciones con múltiples estructuras criminales sin una estrategia de seguridad territorial que la empresa está acelerando el deterioro de las condiciones y la sensación de inseguridad de la población en muchas regiones del país”.

RICARDO ÁVILA
ANALISTA SUPERIOR
ESPECIAL PARA EL TIEMPO