El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, negó este miércoles que el gobierno esté considerando retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Estas declaraciones surgen tras una reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte de analizar la ampliación de penas severas para determinados delitos, incluyendo la introducción de penas extremas para delitos graves como la violencia contra menores.
En declaraciones a una radio local, Adrianzén aclaró que este tratado internacional, del que Perú es parte desde finales de los años 1970, no fue objeto de discusión en el gobierno. Sin embargo, enfatizó que cualquier debate sobre cambios legales debe estar en línea con las obligaciones internacionales y el marco legislativo del país.
Las declaraciones de Boluarte en un acto público tras el caso que conmocionó al país generaron polémica en diversos sectores. En su discurso, la Presidenta expresó su solidaridad con la familia de un menor víctima de violencia y propuso evaluar sanciones más estrictas para los responsables de estos delitos.
Sin embargo, los expertos advierten que la implementación de estas medidas enfrentaría muchos obstáculos legales. Según el abogado constitucionalista Heber Campos, la actual Constitución peruana sólo prevé sanciones extremas para los casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo, sin aplicar precedentes. Por lo tanto, ampliar estas sanciones a otros delitos requeriría una reforma constitucional que implicaría un proceso legislativo que duraría al menos nueve meses.
Este debate también enfrenta otro gran desafío: la permanencia del Perú en el Pacto de San José. Este tratado prohíbe la ampliación de la pena de muerte y crea un marco para la justicia regional a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Retirarse de este acuerdo tendría graves consecuencias, ya que limitaría la capacidad del país de recurrir a organismos internacionales en casos de violaciones de derechos humanos.
Diversos expertos han expresado su preocupación por la propuesta de Boluarte. Según el abogado Pedro Grández, este tipo de enfoques no sólo carecen de fundamentos sólidos, sino que pueden representar un obstáculo para los estándares de derechos humanos del país. Algunos críticos incluso interpretan la iniciativa como un intento de desviar la atención de la investigación de la presidenta y miembros de su círculo cercano.
Adrianzén destacó que las declaraciones de Boluarte deben entenderse como una invitación al diálogo y no como un plan de acción inmediato. «No significa que mañana presentemos un proyecto de ley o anunciemos la salida del Pacto de San José», aseguró.
Mientras continúa este debate, las opiniones se dividen entre quienes creen necesario abrir una discusión sobre reformas legales y quienes advierten sobre las posibles consecuencias sociales, políticas e internacionales de decisiones apresuradas. Este número pone de relieve la compleja interacción entre la legislación nacional y los compromisos internacionales que ha asumido un país.
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