Con la radicación ayer del nuevo texto de la reforma pensional, el Ministerio del Trabajo inició un nuevo capítulo en la discusión de esta iniciativa con la que, según ellos, buscan fortalecer el sistema y garantizar el cubrimiento de las personas que llegan a la vejez y están en condición de pobreza en el país.
El proyecto de ley fue pasado con urgencia al Congreso, luego de que Casa de Nariño diera, el pasado martes, un plazo de 48 horas a la cartera laboral para radicar la nueva ponencia, ya que se quería dejar para después de elecciones, con el fin de analizar y discutir a fondos las diferencias, pero esto no cayó bien en el gobierno central.
Si bien el nuevo articulado mantiene elementos como el umbral de tres salarios mínimos obligatorios en Colpensiones y el fin de la heredabilidad de las pensiones, a menos de que sea a hijos o pareja, así como los pilares estructurales de los que siempre se ha hablado; hay varios puntos que inquietan.
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Uno de ellos es el que establece que para 2036 se acaba con la figura de prestación anticipada de vejez, que cubría a todos los hombres y mujeres que no estén en el régimen de transición, pese a tener la edad y más de 1.000 semanas cotizadas, para que pudieran acceder a una pensión promediada.
Así mismo, hay un cambio con el que se reduce el porcentaje de los beneficios económicos periódicos del 20% al 15% y otro que obliga a Colpensiones a modernizarse en los próximos años, para que pueda estar a la par con las exigencias que le llegarán si se aprueba este proyecto.
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Para Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, “nos llamó la atención y nos preocupó que en el texto del gobierno hay una constancia que dice que no tienen estimativos del costo fiscal. Esto es preocupante porque los sistemas pensionales suelen ser muy costosos y sobre todo se pueden volver muy costosos activando las llamadas bombas pensionales”.
Este proyecto llega el mismo día que el presentado por la senadora Norma Hurtado, que propone cosas como que el umbral de cotización obligatoria en Colpensiones sea de apenas 1,5 salarios mínimos y no de 3 como dice el Gobierno.
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