Hace dos días, un nuevo accidente de fatales consecuencias ha revelado por enésima vez la negligencia de nuestras autoridades a todos los niveles ante la situación de irresponsabilidad y muerte que prevalece en las carreteras del país. La madrugada del domingo, en La Oroya (Junín), un autobús interprovincial chocó contra un tren, dejando cuatro muertos y más de 40 heridos. Según testimonios recabados por la Policía Nacional del Perú, el conductor del autobús intentó imprudentemente adelantar al tren, sin éxito. Agustín Antonio Ramos Yale, que figuraba como copiloto en el manifiesto de la empresa Apocalipsis, ha asumido la culpa de la mala maniobra, pero eso no exime ni a la firma ni a los organismos oficiales que deben velar por la seguridad en las carreteras de su país. responsabilidad.
Ramos Yale registra una multa pendiente de pago desde diciembre de 2019 por conducir en contra del tránsito, y Leonel Párraga Velásquez, conductor principal del vehículo, una por conducir a exceso de velocidad y pendiente de pago desde 2022. La empresa para la que trabajan, sin embargo, les confió con la tarea de transportar a 49 pasajeros hasta Huancayo, con los resultados que conocemos. Lo que indica que no es suficiente que las unidades asignadas a esa función cuenten con el SOAT vigente y revisión técnica. Cuidar el historial de quienes estarán al mando en cada ocasión y dejar de lado a los conductores que hayan demostrado negligencia en la conducción también es fundamental.
Sin embargo, como decíamos, este terrible suceso no hace más que confirmar las cifras que ya conocemos sobre la sangre que mancha a diario la capital y las vías de comunicación regionales. Este Diario informó ayer que, en lo que va del año y sólo en Lima, se han producido 163 accidentes que provocó la muerte de 170 personas. Es decir, en promedio, ocho personas mueren semanalmente en la ciudad por este motivo. La mayoría de ellos, a causa de accidentes, pero las colisiones y vuelcos también se cobran periódicamente un número importante de víctimas mortales. Una simple proyección también sugiere que, de continuar esta situación, en Lima 2024 superará a 2023 en términos de accidentes de tránsito. Y el año pasado fueron 455…
Si miramos el panorama a escala nacional, en cambio, el panorama no mejora: en estos cinco meses han ocurrido 822 en el país. accidentes tráfico, con un saldo de 970 fallecidos. Sin embargo, en el Ejecutivo, el Legislativo y el gobiernos regional y a los lugareños, a nadie parece importarle demasiado. Por el contrario, en el Congreso, por ejemplo, hay muchas iniciativas para promover la actividad de los llamados taxis colectivos, administrados sistemáticamente por particulares que, cuando son intervenidos por algún motivo, revelan que tienen un verdadero fajo de facturas impagas en sus manos. su nombre.
¿Quién es responsable de que la imposición de estas sanciones nunca llegue a ser efectiva? Al parecer, el sombrero grande, ya que la disputa entre autoridades sobre este asunto es asombrosa. Desde hace años, El Comercio viene realizando diversas campañas encaminadas a llamar la atención de ciudadanos y autoridades sobre los problemas que existen en materia de seguridad vial, pero, en lo que respecta a estas últimas, no se ha detectado ninguna reacción digna de mención.
Tampoco es frecuente que el asunto aparezca en los planes de gobierno de quienes aspiran a alcanzar un cargo de elección popular en las diferentes elecciones que se celebran entre nosotros. Pero tal vez estas muertes desenfrenadas cambien pronto esa circunstancia. Desde estas páginas, al menos, seguiremos insistiendo en la necesidad de concienciar al respecto. Ningún país que aspire al desarrollo debería observar pasivamente cómo sus ciudadanos mueren en sus carreteras y vías debido a tragedias que se habrían evitado si las autoridades hubieran llevado a cabo su labor de supervisión.