El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció recientemente ante la Comisión de Control del Congreso peruano, donde abordó cuestiones relacionadas con la cirugía a la que se sometería la presidenta Dina Boluarte en 2023. Según Otárola, la cirugía estaría asociada a problemas respiratorios, aunque aseguró que desconoce los detalles ni siquiera vio los detalles del procedimiento ni la documentación oficial que documenta el reposo médico posterior.
En su declaración, Otárola señaló que Boluarte siguió ejerciendo sus funciones presidenciales a pesar del operativo, descartando que hubiera algún vacío de poder durante ese período. «El día de la operación me comuniqué con el presidente al día siguiente. Se notaba por su voz que obviamente tenía las fosas nasales prominentes y desde ese momento pude comunicarme con ella con fluidez. Después de una semana y media, se reincorporó a los consejos personales de ministros», explicó. También dijo que la pausa médica de Boluarte fue corta y que su recuperación fue relativamente rápida, aunque no pudo precisar la fecha exacta de la operación cuando se le preguntó.
Sin embargo, las declaraciones se producen en medio de una denuncia constitucional presentada en mayo por la congresista Ruth Luque, que acusa a la presidenta de violar los artículos 114 y 115 de la Constitución al no acreditarla para el desempeño efectivo de la presidencia del 29 de junio al 9 de julio de 2023. Según Luque, Boluarte estuvo fuera de sus funciones durante este período de 12 días, lo que, según su denuncia, constituye una violación al marco constitucional.
La Constitución peruana, en su artículo 114, establece que el ejercicio de la presidencia podrá suspenderse en caso de incapacidad temporal, si así lo declara el Congreso. Asimismo, el artículo 115 establece que en caso de impedimento temporal o permanente al presidente, deberá asumir sus funciones el primer vicepresidente, en caso contrario el segundo vicepresidente. En caso de que ambos cargos quedaran vacantes, la responsabilidad recaería en el Presidente del Congreso. Sin embargo, como el gobierno de Boluarte no cuenta con vicepresidentes, esta situación generó incertidumbre y se convirtió en un punto crítico durante su mandato.
La denuncia de Luque señala que el desempeño de la presidencia durante dicho período no fue acreditado formalmente, lo que generó críticas de la oposición y generó cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno de Boluarte en este caso. Para Luque, la falta de claridad sobre cómo afrontar esta situación representa una posible violación de la Carta Magna y pone en duda el desempeño de las funciones presidenciales por estos días.
El caso dio un giro político significativo y se convirtió en un tema recurrente de debate en el Congreso y los medios de comunicación. En julio, en una conferencia de prensa, Boluarte calificó de «sesgadas» las preguntas de los periodistas sobre el tema y decidió no ahondar en las acusaciones. Fredy Hinojosa, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, se sumó a su defensa, argumentando que los temas relacionados con la cirugía pertenecen a la «esfera privada» del presidente.
Pese a estas declaraciones, la falta de información clara y la ausencia de una notificación oficial al Congreso sobre la posible incapacidad temporal alimentaron la polémica. Este caso reveló un vacío en el marco constitucional actual, ya que la ausencia de vicepresidentes en el gobierno de Boluarte genera complicaciones para manejar una situación de este tipo. La capacidad del presidente del Congreso de asumir temporalmente el mando en caso de obstrucción por parte del jefe de Estado es una solución constitucional, pero implica un proceso formal de notificación y declaración que, según los críticos, no se cumpliría. el caso.
El gobierno de Boluart intentó minimizar la polémica, alegando que la presidenta había asumido rápidamente sus funciones y que no se había producido ninguna interrupción en el ejercicio del poder ejecutivo. Sin embargo, las declaraciones de Otárolo generaron nuevas dudas al admitir que no existe ningún expediente legal que confirme la cordura o el estado de salud del presidente por estos días.
La controversia también ha provocado un debate más amplio sobre la importancia de la transparencia en los altos cargos gubernamentales y cómo abordar situaciones en las que la salud del presidente podría interferir con el desempeño de sus funciones. En muchos países, el anuncio oficial y la delegación temporal de responsabilidades es una práctica común para asegurar la continuidad del gobierno, pero en este caso la falta de claridad ha generado críticas tanto de la esfera política como de la opinión pública.
El contexto político en el que se sitúa esta situación también es relevante. Desde que asumió el cargo, Dina Boluarte ha enfrentado numerosos desafíos y preguntas, creando una atmósfera de tensión entre el ejecutivo y el legislativo. Este episodio se suma a una serie de disputas que han complicado aún más la relación entre ambas potencias y han puesto a prueba la estabilidad política del país.
Mientras tanto, CNN ha intentado obtener comentarios de la Presidencia republicana sobre las declaraciones de Otárolo, pero aún no ha obtenido respuesta. Este silencio, sumado a las inconsistencias en las versiones presentadas hasta ahora, ha ayudado a mantener viva la polémica y ha alimentado las críticas de quienes exigen mayor claridad y rendición de cuentas al gobierno.
El caso también destacó la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la continuidad del poder en situaciones excepcionales como la incapacidad temporal del presidente. La falta de vicepresidentes en el gobierno de Boluarte es un factor que complica aún más este tipo de circunstancias, dejando al país vulnerable a potenciales vacíos de poder.
En este momento, el resultado de esta controversia sigue siendo incierto. Mientras el Congreso continúa investigando el caso, la denuncia constitucional presentada por Ruth Luque podría tener implicaciones significativas para la presidenta y su administración. Además, este episodio plantea interrogantes más amplios sobre cómo se maneja la transparencia en la política peruana y la necesidad de crear procedimientos más claros y eficaces para abordar situaciones similares en el futuro.
