El miércoles 20 de noviembre el pleno del Congreso de la República analizará la posibilidad de permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores de regiones, así como la creación de la Escuela Nacional de Justicia en lugar de la actual Escuela Nacional. Consejo de Justicia (JNJ). Ambas reformas constitucionales serán sometidas a segunda votación y se necesitan al menos 87 votos a favor para su aprobación.
La propuesta de reelección inmediata incluye la modificación de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución. Si se aprueba, permitiría que alcaldes y gobernadores sean reelegidos por un mandato consecutivo adicional manteniendo sus mandatos de cuatro años y sus derechos de destitución existentes. Esto significa que, según las nuevas disposiciones, los gobernadores regionales serían elegidos junto con sus vicegobernadores por voto directo y tendrían la posibilidad de un segundo mandato consecutivo. Asimismo, alcaldes y concejales podrían optar a la reelección inmediata en las mismas condiciones.
Paralelamente se discutirá el proyecto de ley 6816/2023-ČR, que propone cambios significativos en 14 artículos de la Constitución. Este proyecto destaca por su intención de disolver la JNJ, entidad encargada de la selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales, y sustituirla por la Escuela Nacional de la Magistratura. Según el enfoque del Artículo 150, esta nueva institución se centraría en capacitar y especializar a jueces y fiscales novatos, otorgarles las calificaciones necesarias y supervisar su desempeño a lo largo de sus carreras.
La reforma también introduce cambios al artículo 156, que estipula que jueces y fiscales estarían sujetos a una evaluación continua por parte de sus respectivas instituciones, garantizando un control disciplinario más estricto y eficaz.
Ambas propuestas han generado un amplio debate en el ámbito político y social, ya que sus implicaciones van más allá de cambios en las posiciones públicas. Estas reformas podrían afectar la administración de justicia en el país y la forma en que se ejerce el poder local. Por lo tanto, la decisión del Congreso será crucial para definir el futuro de estas iniciativas y su impacto en el gobierno y la justicia en el Perú.
