Los corredores complementarios generaron daños económicos al Estado por un total de S/ 374.056.743, según la Contraloría General de la República. Esta pérdida millonaria se produjo por pagos sin sustento legal realizados por Protransporte y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (A USTED) a los distribuidores del Corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima.
Y también por la sanción económica que le impusieron a la Municipalidad Metropolitana de Lima y PROTRANSPORTE por incumplimiento de contrato del Corredor Rojo.
Según Informe de Auditoría N° 29026-2023-CG/APP-AC de la Contraloría, exfuncionarios de Protransporte y del ATU reconocieron el pago de todos los costos a favor de los concesionarios de los corredores Amarillo, Rojo, Azul y Morado. operaciones no cubiertas por los ingresos recaudados durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
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“Los desembolsos irregulares realizados entre marzo de 2020 y marzo de 2022 causaron un daño económico al Estado por S/ 172.146.9712”.precisa la entidad, ya que estos pagos no deberían haber sido asumidos por el Estado.
Así, los pagos realizados a dichas concesionarias con recursos públicos fueron S/ 34,740,791.98 por parte de Protransporte, mientras que el ATU generó una pérdida de S/ 137,406,179.82.
El Informe de Contraloría también reveló que Protransporte ordenó un pago a su favor por S/ 1,207,671 y que este desembolso también carece de sustento legal y contractual.
El informe de auditoría también indica que la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tramitó la aprobación de una ordenanza municipal que renovó las autorizaciones de transportistas para prestar servicio de transporte urbano en las rutas concesionadas al corredor Rojolo que desencadenó el incumplimiento de dicho contrato de concesión.
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Esto generó una controversia con la concesionaria que culminó con laudos arbitrales firmes emitidos en julio de 2020 contra el Estado, en los que se estableció que se deben pagar S/ 201,909,772 por incumplimiento, lo que constituye un daño económico.
Luego de la auditoría, un total de siete exfuncionarios y exfuncionarios de PROTRANSPORTE, ATU y MML fueron identificados con presunta responsabilidad civil o administrativa.
Los resultados del informe abarcan el período del 11 de julio de 2014 al 15 de agosto de 2023 y fueron oportunamente notificados al Ministerio Público de la Contraloría para iniciar acciones civiles contra los involucrados.
