La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está de acuerdo con la decisión del Congreso peruano que impide procesar a personas por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos antes de 2002.

En su resolución emitida el lunes, la CIDH solicitó al Estado peruano que adopte las acciones necesarias para evitar la adopción, anulación o vigencia de la legislación que establece la prescripción de estos delitos. La CIDH emitió medidas provisionales para proteger a los familiares de las víctimas de las masacres de Ciudades Altas y La Cantuta, por las que fue condenado Alberto Fujimori.

El tribunal ha señalado que las sentencias relacionadas con estos casos se relacionan con crímenes de lesa humanidad y ha solicitado que se deroguen otros proyectos de ley similares para garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.

La Corte Interamericana ha solicitado al Estado peruano que presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta resolución a más tardar el 9 de agosto de 2024, y que continúe informando cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas hasta que la Corte decida que ya no son necesarias.

Además, la resolución requiere que los representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de las cuatro semanas siguientes a la notificación de los informes del Estado, y que la Comisión presente sus observaciones dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de las observaciones de los representantes.

Tras este pronunciamiento, el Congreso peruano ha rechazado “cualquier forma de injerencia interna o extranjera”. Sin embargo, varias organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), han solicitado medidas cautelares para que la Corte ordene al Estado detener la tramitación de esta iniciativa, ya que según Naciones Unidas, contraviene el derecho internacional.