Amnistía Internacional (AI) ha presentado un nuevo informe que sugiere la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte en las muertes ocurridas durante las protestas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
En este informe, Amnistía Internacional analiza en detalle la cadena de mando y las decisiones tomadas por Boluarte, quien dirigió las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante ese período. El documento insta a los fiscales a considerar la responsabilidad penal individual de Boluarte en las investigaciones en curso.
La responsabilidad de Dina Boluarte
AI sostiene que Boluarte podría ser penalmente responsable por la muerte de manifestantes durante las manifestaciones. El informe, titulado “¿Quién dio la orden? Cadena de mando responsable de muertes y heridos en protestas en Perú”, revela que Boluarte, pese a haber negado ante la Fiscalía tener contacto directo con los comandantes y haber minimizado su papel en la represión, se reunió con jefes militares y policiales durante las manifestaciones.
AI acusa a Boluarte de utilizar informes de la Policía Nacional, que tildaba de “terroristas” a los manifestantes, para declarar el estado de excepción, pese a que el director de Inteligencia había informado de que las protestas no eran criminales ni requerían un despliegue militar.
“Boluarte tomó informes de inteligencia de la PNP, específicamente de la COMASGEN. A través de ellos habrían tildado a los manifestantes de ‘terroristas’ como base para declarar el estado de excepción a nivel nacional y desplegar a las fuerzas armadas”, explicó AI.
Acciones y Comunicaciones de Boluarte
AI critica a Boluarte no solo por sus constantes comunicaciones con ministros y altos funcionarios durante las protestas, sino también por promover a funcionarios clave involucrados en los operativos. El 21 de diciembre de 2022, seis días después de que los militares mataran a 10 personas en Ayacucho, Boluarte ascendió a Luis Alberto Otárola Peñaranda de Ministro de Defensa a Presidente del Consejo de Ministros.
“El 21 de diciembre, seis días después de la muerte de 10 personas por balas disparadas por el ejército durante las protestas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, hechos que luego serían calificados como posibles ejecuciones extrajudiciales por Amnistía Internacional, el presidente decidió designar a Luis Alberto Otárola Peñaranda, hasta entonces ministro de Defensa, como presidente del Consejo de Ministros”, recordó AI.
El informe sugiere que Boluarte podría ser investigada como posible autor indirecto de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas, y urge a una revisión exhaustiva de su papel y decisiones en esos hechos.
